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JUZGADO LETRADO EN LO PENAL ESPECIALIZADO EN CRIMEN ORGANIZADO DE 2º TURNO

SENTENCIA 1

Montevideo, 7 de marzo de 2018

VISTOS:

Para Sentencia Definitiva de Primera Instancia los autos caratulados “1) B. M. A. 2) F. P. M. ARRESTO PREVENTIVO CON MIRAS DE EXTRADICIÓN” Fa. con la intervención de la Fiscalía Penal 573-18/2018, Nacional de Delitos Económicos y Complejos y de los Sres. Defensores, Dr. Alejandro Gastón Balbi, Della Valle, Dr. Víctor Della Valle y Dr. J. Andrés Sarries Benavídez.

RESULTANDO:

1.- Surge de fs. 2 de estas actuaciones que el día 4 de enero de 2018, la Fiscalía General de la Nación presentó una solicitud de audiencia de arresto preventivo con fines de extradición contra los ciudadanos argentinos P. M. F. y M. A. B., quienes habían sido detenidos a las 07.00 horas de ese día, a solicitud de la República Argentina, por una investigación en la causa judicial caratulada “SOEME Y OTROS S/A DETERMINAR. La investigación refiere al Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación de la Provincia de Buenos Aires, por la comisión de delitos económicos y financieros cometidos por B., P. M. F. y M. E. Y. (notificación roja N° de expediente 2017/292413 y 2017/292415, documentos de fs. 3, 6, 7, 8 , 9).

2.- La audiencia de arresto preventivo fue celebrada el día 4 de enero de 2018, ante la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 34° Turno, Dra. Blanca Riero, dando comienzo la convocatoria a las 17.38 horas (Acta de fs. 10/13). En la misma, se efectuó el control de detención y por Providencia Interlocutoria N° 12/2018, se dispuso la prisión preventiva con fines de extradición de los ciudadanos argentinos P. F. y M. A.
B. por el término de 30 días, así como la comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores, el que debería poner en conocimiento del Estado requirente, las detenciones dispuestas, la que comenzaron a regir el día 4/1/2018. Se habilitó la Feria Judicial Mayor para el cumplimiento de lo dispuesto y se declinó competencia por la citada Interlocutoria para ante esta Sede de Crimen Organizado de 4° Turno (fs. 12/13).

3.- Estos autos fueron recibidos en esta Sede el día 8/1/2018, según constancia de fs. 14 vto. Se asumió competencia el día 9/1/2018, por providencia N° 5/2018 (fs. 17). A fs. 18 y 25 comparecieron el Sr. M. A. B. y la Sra. P. M. F. ...

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JUZGADO LETRADO EN LO PENAL ESPECIALIZADO EN CRIMEN ORGANIZADO DE 2º TURNO

SENTENCIA 1

Montevideo, 7 de marzo de 2018

VISTOS:

Para Sentencia Definitiva de Primera Instancia los autos caratulados “1) B. M. A. 2) F. P. M. ARRESTO PREVENTIVO CON MIRAS DE EXTRADICIÓN” Fa. con la intervención de la Fiscalía Penal 573-18/2018, Nacional de Delitos Económicos y Complejos y de los Sres. Defensores, Dr. Alejandro Gastón Balbi, Della Valle, Dr. Víctor Della Valle y Dr. J. Andrés Sarries Benavídez.

RESULTANDO:

1.- Surge de fs. 2 de estas actuaciones que el día 4 de enero de 2018, la Fiscalía General de la Nación presentó una solicitud de audiencia de arresto preventivo con fines de extradición contra los ciudadanos argentinos P. M. F. y M. A. B., quienes habían sido detenidos a las 07.00 horas de ese día, a solicitud de la República Argentina, por una investigación en la causa judicial caratulada “SOEME Y OTROS S/A DETERMINAR. La investigación refiere al Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación de la Provincia de Buenos Aires, por la comisión de delitos económicos y financieros cometidos por B., P. M. F. y M. E. Y. (notificación roja N° de expediente 2017/292413 y 2017/292415, documentos de fs. 3, 6, 7, 8 , 9).

2.- La audiencia de arresto preventivo fue celebrada el día 4 de enero de 2018, ante la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 34° Turno, Dra. Blanca Riero, dando comienzo la convocatoria a las 17.38 horas (Acta de fs. 10/13). En la misma, se efectuó el control de detención y por Providencia Interlocutoria N° 12/2018, se dispuso la prisión preventiva con fines de extradición de los ciudadanos argentinos P. F. y M. A.
B. por el término de 30 días, así como la comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores, el que debería poner en conocimiento del Estado requirente, las detenciones dispuestas, la que comenzaron a regir el día 4/1/2018. Se habilitó la Feria Judicial Mayor para el cumplimiento de lo dispuesto y se declinó competencia por la citada Interlocutoria para ante esta Sede de Crimen Organizado de 4° Turno (fs. 12/13).

3.- Estos autos fueron recibidos en esta Sede el día 8/1/2018, según constancia de fs. 14 vto. Se asumió competencia el día 9/1/2018, por providencia N° 5/2018 (fs. 17). A fs. 18 y 25 comparecieron el Sr. M. A. B. y la Sra. P. M. F. a designar defensa, habiéndose aceptado el cargo el día 10 de enero 2018 y 29/1/2018, respectivamente, según constancias de fs. 19 y 31 vto.

4.- El día 11 de enero de 2018, se libró Exhorto Internacional N° 7/2018 a los efectos de las comunicaciones dispuestas. La solicitud formal de Extradición fue recibida en esta Sede el día 29/1/2018, según constancia de fs. 80 vto. Por providencia N° 19/2018 de fecha 29/1/2018, se convocó a audiencia de debate (arts. 329.3, 340 y ss. y 344 del C.P.P.), al Sr. B., a la Sra. F. quienes deberían comparecer debidamente asistidos, al Sr. Representante del Estado Requirente y al Ministerio Público para el día 31/1/2018.

5.- A fs. 92 y con fecha 31/1/2018, compareció el Dr. Alejandro Balbi a solicitar una prórroga de la audiencia, a lo que se hizo lugar y fue fijada para el día 5/2/2018, a las 10.00 horas (Providencias N° 23/2018, fs. 96 y N° 25/2018, fs. 100, las que fueron debidamente notificadas).

6.- El día 5/2/2018, se celebró la Audiencia de Debate (fs. 112), la que quedó registrada en el sistema AUDIRE. Por providencias N° 29/2018 y N° 30/2018, se dispuso el diligenciamiento de la prueba ofrecida por la Defensa de los requeridos, la prisión preventiva de B. y F. y se convocó a nueva audiencia para el día 21/2/2018.

7.- El día 21 de febrero de 2018, se celebró la audiencia de prueba, la que quedó registrada en el sistema AUDIRE. Concluida la misma, atento a la complejidad del asunto y en aplicación de lo dispuesto por el art. 271 del C.P.P., se fijó audiencia de dictado de Sentencia de Primera Instancia para el día de hoy (fs. 341).

CONSIDERANDO:

1.- Sostiene, en síntesis, la defensa de los detenidos F. y B., Dr. Alejandro Balbi y Dr. Víctor Della Valle, que no debe hacerse lugar a la solicitud de extradición de sus patrocinados. Expresan, que el pedido se basa en falsedades, ya que obedece a una persecución del Gobierno Kirchnerista.
Agrega, que las razones que movilizaron la petición son de orden político y señalan la falta de idoneidad del Juez que entiende en la causa, tanto técnicamente como por la falta de imparcialidad del mismo. Sostienen asimismo, que cuando existe una causa anterior en el país requerido, lo que sucede en este caso, puede denegarse la extradición, evitando un eventual conflicto de intereses entre ambos países. Expresan los Dres. Defensores que de conformidad con lo previsto por el art. 25 del Tratado de Extradición, puede negarse la misma, cuando se entienda que se está menoscabando el orden público, entendiendo a este como un valor esencial en que se sustenta la justicia, por lo que deben analizarse las condiciones de los Estados requirentes. Que la justicia uruguaya ha sido inducida en error y que existe ausencia de garantías en el proceso que se tramita en la República Argentina. Solicitan finalmente, el rechazo del pedido y en el caso que se haga lugar, que se imponga como condición al requirente que la Sra. F. y el Sr. B., sean juzgados por un Tribunal independiente e imparcial.

2.- El Sr. Representante de la República Argentina, Dr. Rodríguez Pereira, sostiene, en síntesis, que corresponde hacer lugar a la extradición solicitada.
Expresa, que la prueba documental presentada por la defensa de los imputados es ineficaz, ya que los artículos periodísticos agregados no tienen nada que ver con las causas judiciales que se le siguen a B. en la República Argentina.
En cuanto a la prueba testimonial, entiende que nada dice respecto de la invocada persecución a los detenidos. Que la justicia uruguaya no puede juzgar sobre la imparcialidad del Juez extranjero de un país democrático y republicano; que con dicho país se ha firmado un Tratado Bilateral de Extradición el cual fue ratificado por nuestro país. Respecto de este punto concluye, que la prueba diligenciada en autos es estéril, infecunda, inútil en lo que refiere a la norma invocada por la defensa como excepción, esto es el art. 4° del citado Tratado.
Expresa, asimismo, que en la Argentina están previstos los remedios necesarios para defender los derechos de los requeridos, salvo que se entienda que existe una confabulación de todo el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en contra de los detenidos. Que de la ampliación del exhorto que fuera remitida, resulta que se ha dispuesto el procesamiento y prisión del Sr. Y., por integrar una asociación de Lavado de Activos.
Que las defensas de los detenidos han promovido la recusación del Juez actuante, la que fue rechazada en Primera y Segunda Instancia, que el Tribunal de Alzada no fue recusado y que resta la eventual Tercer Instancia de Casación. Por último, sostiene que es inaplicable al caso la excepción prevista por el art. 4° del Tratado Bilateral de Extradición invocada por la defensa, ya que se funda en una persecución del Gobierno Kirchnerista, el cual ya cesó hace más de dos años y en todo caso, fue elegido democráticamente por sufragio popular. Que el requirente es un país donde rige la forma democrática republicana de gobierno, con Poderes legítimamente constituidos de acuerdo a las normas Constitucionales. Entiende, que no es competencia de esta Sede pronunciarse sobre la imparcialidad del Juez requirente y que no basta con la alegación del fin político. En cuanto a los delitos políticos, sostiene que son aquellos en los que generalmente se utiliza la fuerza para derrocar un Gobierno o impedir que sus Instituciones funcionen normalmente, delitos que se ejecutan normalmente para cambiar la forma de gobierno o crear uno nuevo. Que en el caso no estamos ante esta situación, ya que para ello debería existir una organización ilícita que involucrara al Poder Ejecutivo y Judicial confabulados contra los detenidos. Por último, entiende que se cumplen en el caso los requisitos formales requeridos por el Tratado para la extradición, los cuales analiza y solicita que, en definitiva, se otorgue la extradición solicitada, poniéndose los bienes cautelados a disposición del Estado Requirente, conforme fuera solicitado en la rogatoria.

3.- El Sr. Fiscal titular de la Fiscalía Letrada Nacional Penal de Delitos Económicos y Complejos, Dr. Enrique Rodríguez, en su carácter de dictaminante técnico, expresó que el principio que rige en materia de cooperación jurídica internacional es que las fronteras de los Estados no pueden impedir la investigación de los delitos y el castigo de los culpables. Que el Estado requerido no es competente para determinar si los detenidos son culpables o no del delito, ya que este extremo es competencia del Estado Requirente. Que en ese Estado se encuentran previstos los mecanismos legales para impugnar las resoluciones y ejercer el derecho de defensa. Así, se recusó al Juez interviniente, hubo resolución de Primera Instancia la que fue recurrida y la Cámara Federal Sala 2 entendió que no existió mérito para la recusación, existiendo la posibilidad de llegar incluso hasta la Corte Suprema de Justicia.
Que para juzgar la idoneidad moral del Juez están la Corte Suprema de Justicia e incluso el Colegio de la Magistratura y el Estado Uruguayo no puede entrar a juzgar dicho extremo. En cuanto a la excepción invocada prevista por el art. 4° del Tratado Bilateral de Extradición, no basta la sola alegación de dicho extremo, lo que se encuentra previsto en los dos Tratados que nos unen con la República Argentina, uno bilateral y otro del Mercosur. Sostiene, que se cumplen los extremos de la doble incriminación, el requisito de la pena, que los delitos no han prescripto y que se han cumplido las garantías previstas en la norma internacional, así como con las previstas en el Código del Proceso Penal, aludiendo al derecho de defensa. Considera que no existe motivo para oponerse a la extradición, pero que si corresponde aplazar la entrega, de conformidad con el art. 18 del Tratado y la normativa del C.P.P. En cuanto a los bienes, de acuerdo a lo previsto por el art. 18 del Tratado y 24 del Convenio de San Luis, corresponde la conservación temporal de los mismos, bajo condición de restitución, ya que no se está en condiciones de pronunciarse sobre la entrega de los mismo por existir un proceso pendiente en nuestro país, con medidas cautelares trabadas tanto por Uruguay como por la República Argentina, en el marco de la cooperación internacional.

4.- Analizada la rogatoria en trámite, la prueba agregada y la que fuera diligenciada así como cada una de las argumentaciones de las partes, esta sentenciante se permite concluir que corresponde hacer lugar al pedido de extradición realizado por la República Argentina, en el Exhorto Internacional relacionado en los Resultandos, al amparo de lo dispuesto por el Tratado de Extradición entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina, aprobado por nuestro país por la Ley 17.725 del 31/1/2000, vigente desde el 10/6/2001.

5.- El instituto de la extradición constituye una de las formas más intensas de cooperación jurídica internacional entre Estados. Por medio de este instituto, se pretende que ninguna persona se sustraiga a la acción de la respectiva ley penal aplicable, amparándose en la circunstancia de radicarse en un Estado distinto a aquel en el cual se cometió el delito. El deber de colaboración se encuentra consagrado en la norma citada.

6.- Desde el punto de vista formal, se entiende que se han cumplido con los requisitos requeridos.
Los requisitos necesarios para conceder la extradición, refieren:
A) a las personas, en cuanto debe determinarse la identidad de los requeridos y sus nacionalidades. Efectivamente se ha establecido que ambos detenidos son los requeridos en la rogatoria, ambos son de nacionalidad argentina, así como que se trata de P. M. F., titular de D.N.I. N° XXXX y de M. A. B., titular de D.N.I. N° XXXXX. La identidad, así como las nacionalidades de los requeridos, han quedado suficientemente probadas. B) En lo relativo al delito, el comportamiento debe estar previsto como tal en ambas legislaciones y debe tratarse de delitos comunes, excluyendo a los delitos políticos o conexos y los delitos comunes cuando obedezcan a motivos políticos. C) En cuanto a las condiciones relativas al hecho, como se expresó, debe existir la doble incriminación, que el delito revista cierta gravedad y que se trate de un delito común. La doble incriminación surge con claridad; este principio que opera como mecanismo de garantía fundamental en el ámbito de la cooperación de tercer nivel, esto es, el estadio más gravoso de la cooperación penal internacional. Ello no significa que los delitos deban ser definidos en ambas legislaciones con las mismas palabras, sino a que los hechos que fundan la acusación o la condena, den lugar a una acusación o condena equivalente en el Estado requerido. El pedido de extradición refiere a que los requeridos M. A. B. y P. M. F., habrían incurrido en los delitos de lavado de activos, administración fraudulenta, posible vinculación con una organización delictiva y asociación ilícita. El delito de lavado de dinero o valores habría sido cometido en el territorio del Estado que lo reclama. La figura delictiva mencionada en el exhorto, en lo que refiere a la doble incriminación, se encuentra prevista en nuestro ordenamiento por la ley 19.574, del 20 de diciembre de 2017. Se cumple en la especie, entonces, con el principio de la doble incriminación. D) Del relato de los hechos y de la calificación delictual, queda de relieve a gravedad de los delitos, así como las penas a recaer. En principio, todos los delitos son pasibles de extradición, salvo los penados con pena privativa de libertad inferior a determinados límites, dos años de penitenciaría, evitando que se utilice el instituto para delitos de bagatela, y también respecto de aquellos excluidos expresamente por un texto legal.
E) Surge, asimismo, que no se aplicará la pena de muerte ni a perpetuidad, existiendo jurisdicción en el Estado requirente. F) Se ejerció el derecho de defensa (arts. 12, 30, 66 y 72 de la Constitución), es decir los requeridos tuvieron su día ante el Tribunal, fueron oídos, produjeron prueba e impugnaron las decisiones. G) Los delitos por los que se accede a la extradición no han prescrito. Se establece en la rogatoria, que los hechos que se imputan a M. B. y a P. F. determinan que el término de prescripción de la acción penal respecto de cada uno de ellos es de doce años, conforme a lo dispuesto por los arts. 62 inc. 2, e inciso b) de la última parte del artículo 67 del Código Penal Argentino. Se establece, que teniéndose presente que el día 24 de diciembre de 2017 se dispuso por primera vez en la causa llamar a prestar declaración indagatoria a los imputados B. y F., en aplicación de las normas citadas, la prescripción operará el 24/12/2029.

7.- De la Excepción planteada. Art. 4° de Tratado de Extradición Uruguay – Argentina. De lo anteriormente expuesto se desprende que se cumplieron con los principios que informan la extradición, ya que los requeridos se encuentran en las condiciones previstas en la normativa aplicable. La extradición desde el punto de vista del Estado Requirente, tiene por finalidad hacer prevalecer el imperio de la Ley penal en relación a aquellos delincuentes que huyen al extranjero tratando de lograr la impunidad y desde la perspectiva del Estado requerido, existe un deber de solidaridad, basado en el interés común de reservar el orden social universal, por lo que la concesión de la extradición no puede quedar librada a la discrecionalidad de éste último. En el proceso de extradición, lo único que debe valorarse es la legitimidad formal del pedido, puesto que toda otra consideración acerca del fondo, es decir de la tipicidad del o de los delitos por los que se cursa la solicitud, son absolutamente violatorios del principio de competencia de las autoridades requirentes. Los tribunales del país requerido que aceptan o no el pedido de extradición, no son competentes para juzgar el mérito de la causa (Sentencia N° 154/99 de la Suprema Corte de Justicia); es función del Juez interviniente en la extradición el verificar si la solicitud se ajusta a las formalidades y exigencias sustanciales (Sentencia N° 187/99 de la Corporación).
Así, desde lejana data se ha sostenido la “verificación de requisitos” (caso 692 L.J.U.); “el país requerido no puede hacerlo por carecer claramente de competencia limitada estrictamente al contralor formal referido sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la extradición los que debe examinar superficialmente ya que la cámara de acusación, no decide si el refugiado es o no culpable, si las presunciones o indicios de criminalidad son más o menos fundados de hecho o de derecho, sino que solamente determina si la demanda de extradición es regular y conforme ... a la ley respectiva (L.J.U., caso 3795 Dres. Izcua Barbat, Piñeyro Chain y De Gregorio). Se rememora allí una encumbrada vista del Señor Fiscal del Crimen Dr. Luis Piñeyro Chain: “no se trata de resolver sobre el fondo del asunto, esto es, si existe o no prueba de culpabilidad sino de aquilatar el fundamento serio, de certeza y la regularidad de los procedimientos penales”, “la extradición, aun erróneamente otorgada no resta al acusado el beneficio de la duda y permanece intacto el derecho a no ser castigado más que por los hechos que podían ser incriminados al momento de su perpetración. Se impone entonces adoptar un sistema de interpretación amplio, conforme al criterio general, que es el de asegurar el curso regular de la justicia de la manera más completa posible. El Juez extranjero no debe dudar sobre lo bien fundado de la acusación. Debe constatar solamente, que el delito se ha cometido y que tal o cual individuo es acusado o se encuentra convicto”. Lo sostenido es directa consecuencia de la adhesión uruguaya al sistema belga holandés que limita las facultades del Estado requerido a la admisibilidad de la demanda, a diferencia del anglo americano, que permite un examen integral del fondo. Por lo tanto, Uruguay debe estar a las razones de la solicitud del magistrado extranjero y los documentos que lo acompañan a efectos de pronunciarse sobre la verosimilitud o probabilidad de los hechos atribuidos (L.J.U., casos 11221 y 11475; Revista de Derecho Penal N° 3, pág. 30). Para ponderar la fundabilidad de la petición, como bien lo señalan el Sr. Representante del Estado Argentino y la Fiscalía, no puede perderse de vista que lo que debe determinarse es la procedencia del pedido formulado por las Autoridades Judiciales de un Estado con el cual nuestro país tiene un vínculo convencional específico para los asuntos de la materia convocada, lo que indica que: A) no debe ingresarse al mérito; B) se debe adoptar una interpretación “in ordinem” del Tratado” (Sent. 380/08, Tribunal de Apelaciones 1° Turno). Las cuestiones de fondo son materia ajena a la extradición, cuyo proceso no tiene como objeto ingresar al examen de la suficiencia o insuficiencia de la prueba de la imputación, sino básicamente sobre la concurrencia de los requisitos formales para denegarla o acceder a ella. Los hechos, salvo circunstancias muy excepcionales, son indiscutibles. A los órganos judiciales competentes del Estado requerido les está vedado considerar el peso del origen con el que se ha llegado a ellos, la solidez de la atribución, o el acierto de las conclusiones. El papel que el reclamado desempeñó o no, es una cuestión que no corresponde dilucidar durante este procedimiento, sino en el juicio que habrá de desarrollarse ante el Tribunal de justicia del Estado requirente: “La extradición se rige por los principios del sistema continental, bastando que la exposición de hechos del país reclamante sea suficiente a efectos de poder realizar la calificación jurídica de los mismos conforme a nuestra legislación y comprobar que no han prescrito. Como regla general, está vedado al Tribunal que conoce de la demanda de extradición entrar a valorar la consistencia o inconsistencia de la imputación; es decir, los hechos son intangibles sin que quepa entrar a considerar el valor de las fuentes de conocimiento con las que se ha llegado a ellos ni el rigor de las deducciones, salvo imposibilidad de concurrencia. Por tanto, el concreto papel que haya desempeñado el reclamado en los hechos será cuestión que tendrá que plantear en el juicio sobre el fondo del asunto y no en este procedimiento extradicional” (Sent. 348/13, Tribunal de Apelaciones 1° Turno). En conclusión, lo único que debe valorarse es la legitimidad formal del pedido, puesto que toda otra consideración acerca del fondo, es decir de la tipicidad del o de los delitos por los que se cursa la solicitud, son absolutamente violatorios del principio de competencia de las autoridades requirentes. Los tribunales del país requerido que aceptan o no el pedido de extradición, no son competentes para juzgar el mérito de la causa. En tal sentido De Olarte en su tratado sobre “Extradición”, pág. 49, afirmaba que el Juez que interviene no es convocado para declarar la inocencia o culpabilidad, porque “la extradición no importa juicio ni castigo”, limitándose su función a verificar si la solicitud es ajustada a las formalidades y exigencias sustanciales del Tratado Internacional ratificado por los dos Estados ..." (cf. Sent. de la Suprema Corte de Justicia No. 154/99). La excepción invocada por la defensa refiere a la improcedencia de la demanda extraditoria, ya que según alega, ella encubre una finalidad política, con el consiguiente riesgo de que se vulneren las garantías judiciales de los encausados en el Estado requerido.
La defensa agregó cuantiosa prueba documental y a su pedido, se recibieron declaraciones testimoniales, con el fin de acreditar la supuesta existencia de animosidad, de una persecución política en contra del reclamado (B.). La prueba fue pedida por la defensa para probar que el pedido encubre móviles y fines políticos, pues los requeridos, según expresa, estarían siendo objeto de persecución política en su país por haber puesto al descubierto presuntas maniobras ilícitas del gobierno de Kirchner. Y por ende se han irrespetado, o se habrán de irrespetar en el futuro, las garantías que les asisten de ser sometidos a un juicio justo. Tal alegación, sin dudas, en tanto pone en conocimiento que cabe la posibilidad que de concederse la extradición se vulneren derechos humanos básicos de la persona requerida, exige una insoslayable, diligente y cuidadosa tarea de comprobación, destinada a verificar o descartar tal eventualidad, antes de pronunciarse sobre el pedido, lo que el requerido tiene derecho a exigir. El descarte in límine de dicha defensa, sin siquiera haber otorgado la chance de probarla, constituye una infracción a las normas del juicio debido, en función de lo que establece la legislación interna y las Convenciones Internacionales en materia de DDHH, a las que nuestro país se ha adherido. Ahora bien, no cabe duda que existiendo Tratado, este es la ley suprema para las relaciones regladas por el mismo, aun en caso de no concordar con principios contenidos en las normas internas (Cf. Soler Derecho Penal Argentino, T. I, pág. 177; Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho Penal, T. II, pág. 787/788; Vieira Altolaguirre, Extradición, pág. 52). Se trata de un dispositivo contractual, que vincula a los Estados como el contrato a las partes, que constituye una norma penal internacional, aunque con carácter de ley interna y como convención, las obligaciones asumidas deben cumplirse de buena fe, no pudiendo invocarse las normas internas como excusa para eludir ese cumplimiento.
El Tratado como norma convencional no puede ignorarse. Fue suscrito por los Estados Partes y ratificado por Ley. Estados demócratas, que poseen sus Leyes internas sustanciales y procesales, con Poderes del Estado independientes. En ambos países suscritores del Tratado, rige la forma Democrática Republicana de Gobierno, con autoridades elegidas por el voto popular, con Poderes estatales con una organización y con cometidos establecidos por la Constitución y la Ley. No existe un solo indicio objetivo que indique esa especie de confabulación de Poderes invocada por la defensa de los detenidos en su contra, tal como bien lo expresó en audiencia el Dr. Rodríguez Pereira y menos aún contra la imputada F-. Tampoco le corresponde a la Justicia Uruguaya entrar a juzgar la buena o mala justicia foránea. No se trata de resolver sobre el fondo del asunto, sobre la antijuridicidad de la conducta del requerido, ni su culpabilidad, ni si opera una causa de justificación o la prueba ha sido correctamente valorada, sino que todo el examen se reduce a la simple verificación de la regularidad de la demanda y del cumplimiento de los requisitos formales y la procedencia legal de la extradición peticionada, conforme con las disposiciones del Tratado o de la ley. (Cf Curbelo Tammaro, La Extradición en el Código del Procesal Penal en Rev. citada No 3, pág. 30 Sent. en L.J.U. C. 1578, 10.357 y 13.008).
Por otra parte, los Tratados de extradición deben siempre interpretarse en la forma que favorezca el fin para el que fueron convenidos. Así lo sostenía la Casación italiana en sentencia del 10 de marzo de 1914, multicitada por nuestros tribunales, en la que se señala que, teniendo la extradición fundamento jurídico en las leyes naturales de las sociedades civiles, sus disposiciones deben ser ampliamente interpretadas, en relación al espíritu que las informa, en tutela común de la sociedad, sin que rija como criterio interpretativo, por tratarse de normas penales, el principio “in dubio por reo”. Ello, con el lógico límite la defensa del ordenamiento jurídico del Estado rogado, las normas y principios esenciales de orden público internacional e interno, en que cada Estado asienta su individualidad jurídica. Cuando las bases del mismo se vieren concretamente afectados, el Estado en forma no discrecional y fundada, está habilitado para declarar no aplicables los preceptos de la ley extranjera y sin que ello signifique, en el caso de la extradición, beneficiar a una persona requerida.
En conclusión, en el proceso de extradición no corresponde ingresar al tratamiento de cuestiones de fondo, sino que el órgano jurisdiccional debe limitarse a controlar la regularidad formal del pedido y el cumplimiento de los requisitos establecidos en los tratados aplicables, ya que, de ingresarse al fondo, es decir de la tipicidad del o de los delitos por los que se cursa la solicitud, se violaría el principio de competencia de las autoridades requirentes.

8.- El artículo 4° del Tratado Bilateral de Extradición con Argentina demás de establecer que no son extraditables los delitos considerados políticos por nuestro Estado o conexos con delitos de esta naturaleza, prevé que la sola alegación de un fin o motivo político en la comisión de un delito no lo califica como delito de tal carácter. No basta, como bien se expresó por la defensa del Estado Argentino y por el Sr. Fiscal, alegar tal causal para que se deniegue la extradición. El artículo 331 literal d del C.P.P., siguiendo una tradición de base internacional (art. 4° del multicitado Tratado Bilateral de Extradición), veda la posibilidad de extradición por delitos de índole político, de los conexos con los mismos, así como de aquellos cuya persecución se encuentre motivada en fines políticos Y el fundamento de tal prohibición refiere a que el delincuente político resulta solamente peligroso en su país.
Ahora bien, la norma, así como el Tratado no dan una definición del delito político. Al respecto la doctrina penal ha manejado tres interpretaciones posibles, dando lugar a las teorías subjetivas, objetivas y mixtas, poniendo el énfasis la primera en el bien jurídico tutelado – el Estado, sus Instituciones los derechos de los ciudadanos-, la segunda en el móvil o finalidad del agente – que es un acto inspiración hacia un fin político y la tercera en ambas razones para su configuración. En la normativa nacional, la Ley de Amnistía de Presos Políticos N° 15.737, art. 2, adhiere al criterio subjetivo, esto es el móvil del agente, por lo que se incluiría a todos aquellos que directa o indirectamente posean un designio político. Los delitos conexos serían aquellos que, siendo delitos comunes, llevan implícita una motivación política, en correspondencia de medio a fin. De la prueba diligenciada en autos no surge probado que los delitos imputados al Sr. B. sean delitos políticos o conexos con los mismos, u otros cuya persecución se encuentre motivada en fines políticos. Ello no es lo que resulta de la rogatoria ni de sus anexos, ni de la prueba solicitada por la defensa y que fuera diligenciada. Los conflictos planteados por las defensas de los detenidos están siendo objeto de tratamiento en el país requirente a través de las impugnaciones, recusaciones y demás acciones deducidas, mediante los procesos legales correspondientes y ninguna de las causas relacionadas refieren a delitos de índole político.

9.- Como se hará lugar a la extradición, como se anunció, se dejará solicitado al Estado Requirente, como condición para otorgar la extradición, que, en su caso, se compute para la eventualidad que recaiga pena, el tiempo cumplido de arresto administrativo en Uruguay que se inició el día 4 de enero de 2018, hasta la fecha en que sea entregado efectivamente al Estado requirente.

10.- En lo que refiere a los bienes que fueron incautados y cuya entrega se solicita por el Estado requirente, se coincide con lo expresado por el Sr. Fiscal. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el art. 19.4 del Tratado citado, cuando los objetos incautados fueran susceptibles de embargo o decomiso en el territorio de la parte requerida, esta podrá a efectos de un proceso penal en curso, conservarlos temporalmente bajo condición de restitución. Sin dudas, en la etapa en que se encuentra la causa seguida contra los imputados, no es posible aún expedirse sobre los objetos incautados, ya que estos se encuentran sujetos a medidas cautelares dispuestas por la justicia de nuestro país y dispuestas a solicitud del Estado requirente, en el ámbito de la colaboración internacional.

11.- En cuanto al plazo de entrega, como en nuestro país se ha formalizado una investigación contra los imputados F. y B., o sea que ambos se encuentran sometidos a proceso penal, en aplicación de lo dispuesto por el art. 347 del C.P.P., se diferirá la entrega hasta la conclusión de la causa u opere la extinción de la condena.

Por los fundamentos expuestos y a lo establecido por el Tratado Bilateral de Extradición entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina, arts. 329 y ss. del Código del Proceso Penal y demás normas complementarias y concordantes,

FALLO:

Concédase la extradición de M. A. B. y P. M. F. a la República Argentina. Suspéndase la entrega de M. A. B. y P. M. F. hasta la conclusión de la causa que se le sigue en nuestro país o hasta que opere la extinción de la condena. Condicionase la entrega de los requeridos a que el estado requirente acepte previamente, detraer de la eventual pena que pudiera recaer, el término del arresto administrativo sufrido desde el día 4 de enero de 2018, hasta la fecha en que efectivamente sean entregados. Respecto a los bienes incautados y cautelados en nuestro país, atento a que se ha formalización una investigación respecto ambos imputados, se dispone la conservación temporaria de los mismos bajo condición de restitución. Ofíciese para su cumplimiento en la forma de estilo, comunicando el fallo a la representación diplomática de la república argentina por la vía correspondiente y a la suprema corte de justicia. Consentida o ejecutoriada, comuníquese al estado requirente con testimonio de la sentencia.

Dra. María Helena Mainard - JUEZ LETRADO

DDU - CASO - JPP - 11271