SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SENTENCIA N 190

MINISTRO REDACTOR: Dr. Raúl Alonso de Marco

Montevideo, 20 de marzo de 2000

VISTOS:

Para sentencia estos autos caratulados: "GUTIERREZ CAPOBIANCO, MERCEDES C/ GREMCA - Daños y perjuicios - CASACION", Ficha 21/99.

RESULTANDO:

I) Que por sentencia N 23, de fecha 10 de junio de 1998, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Cuarto Turno -integrado y por unanimidad- confirma, sin especial condenación, la sentencia apelada (fs. 451-453).
La sentencia confirmada -N 20/97 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 19 Turno- había desestimado la demanda, sin especial condenación (fs. 410-425).

II) Que la parte actora interpone recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia invocando la infracción de la siguiente normativa: art. 198 del CGP (principio de congruencia); art. 18 de la Constitución, arts. 200 y 344.2 del CGP (decisión anticipada en segunda instancia); art. 1573 del C. Civil y arts. 4 y 139.1 del CGP (carga de la prueba); art. 184 CGP (apreciación de los dictámenes periciales); arts. 130.2, 140, y 141 del CGP (obligación de pronunciarse categóricamente y valoración de la prueba); arts. 7 y 44 de la Constitución (protección de la vida, la integridad física y la salud de las personas); arts. 1319 y 1341 del C. Civil (obligación de reparar el daño causado); art. 1555 del C. Civil (obligación de reparar el daño causado por los auxiliares); y el art. 1342 del C. Civil (eximentes de responsabilidad).
Al fundar el recurso cuestiona en primer término la decisión del órgano de mérito de resolver en forma anticipada en base al art. 200.1 CGP, alegando que no se dan en la especie los supuestos establecidos por dicha norma para tal retaceo de garantías procesales, en tanto se trata de un asunto sumamente complejo.
Respecto a la infracción al principio de congruencia expone varias circunstancias.
Así expresa que en la audiencia preliminar se amplió la pretensión a la reparación de los daños ocasionados por la necesidad de intervención del túnel carpiano en ambas manos y que la Sala no se expidió sobre ese punto litigioso (lo cual transgrede además el principio del doble grado de conocimiento, art. 22.3 CGP).
Aduce que se vulnera también el principio de congruencia en la medida que mientras su parte invocó un exceso de cirugía (al practicársele una histerectomía total con anexectomía bilateral) y la demandada la solicitud de la paciente de extirpación total del útero, la Sala se pronuncia sobre otros puntos no mencionados en la demanda ni en la contestación, como la congestión pélvica, y se refiere al consentimiento informado (que es cosa diferente al pedido de la paciente invocado al contestar).
Con relación a la infracción a las normas relativas a la carga de la prueba, sostiene que se violentó el art. 4 CGP -que establece la igualdad procesal de las partes-, al pretender que la actora asuma la carga de probar los hechos que afirma y la prueba negativa de los hechos aducidos por la demandada, en contravención además de los arts. 139.1 del CGP y 1573 del C. Civil; al haber alegado la compareciente el exceso de cirugía y la demandada una eximente, debió ésta cargar con el onus probandi de la misma.
Además la sentencia no considera que la demandada no negó categóricamente el exceso quirúrgico alegado por la actora -como requiere el art. 130.2 CGP.
Respecto a la valoración de los dictámenes periciales, sostiene que los peritos no sustituyen a la labor del Juez y que sus informes deben apreciarse según las normas de la sana crítica, y en conjunto con el resto de la prueba producida. Formula en tal sentido diversas críticas a los informes de los Dres. Bozzolo y Medici, tomados en cuenta por los órganos de mérito.
En relación con la valoración de la prueba, alega que se ha vulnerado el art. 140 del CGP, desarrollando extensamente su cuestionamiento.
Estima que el pronunciamiento impugnado viola también los arts. 7 y 44 de la Constitución, en tanto protegen la vida y la integridad física de las personas. Refiere la necesidad del consentimiento informado del paciente sobre el tratamiento propuesto y aduce que admitir como correcto aun el tratamiento más desproporcionado a la enfermedad supone permitir la lesión impune de la integridad de las personas.
Aduce asimismo que existió violación de los arts. 1319, 1341, y 1555 del C. Civil, en la medida que establecen la obligatoriedad de reparar el daño causado directamente como el causado por sus dependientes y auxiliares, y en la especie se infringen las referidas disposiciones al eximirse a la demandada de la obligación de reparar.
Finalmente, invoca la transgresión a lo dispuesto por el art. 1342 ejusdem, puesto que no se acoge la demanda reparatoria a pesar de demostrarse la culpabilidad de la accionada y sin que haya probado la existencia de causa ajena no imputable eximente de responsabilidad (fs. 456-469 v).

III) Que la demandada -al evacuar el respectivo traslado- solicita el rechazo del recurso (fs. 473/475 v); en tanto el Sr. Fiscal de Corte, al conferírsele la correspondiente vista, estima en su dictamen "que nada tiene que observar respecto de lo actuado en autos (...) desde que en el caso no se halla comprometida la causa pública" (fs. 489/490 v).

CONSIDERANDO:

Que la Corporación, por unanimidad, considera que procede desestimar el recurso interpuesto.

1. En primer lugar, no es de recibo el agravio relativo a infracción del art. 200 del CGP.
La Corporación considera que la configuración de los extremos previstos en el art. 200.1 del Código procesal vigente es una cuestión sujeta a la discrecional apreciación del Tribunal, no encontrándose el recurrente en casación facultado para calificar el asunto como simple o complejo, ni para determinar si existe o no jurisprudencia de la Sede interviniente.
En tal sentido, esta Corporación ha desechado agravios semejantes afirmando que "... la configuración de los extremos previstos en el art. 200.1 debe considerarse cuestión sujeta a la discrecional apreciación del Tribunal" (sentencias Nos. 53/93 y 95/93). Incluso ha expresado que "no es imprescindible que el Tribunal explique por qué ha optado por la decisión anticipada, sino que basta, en principio, con que cite la normativa que lo habilita para emitirla" (sentencia N 791/94). De autos surge que el ad quem, citó la normativa que lo habilitaba a tomar decisión anticipada y que se dictó la sentencia en el acuerdo, cumpliéndose así "la esencia de la colegialidad que importa el diálogo o el intercambio de opiniones" como "garantía de una mejor justicia" (cf. Véscovi, "El recurso de casación", 1996, pág. 100, y De la Rúa, "El recurso de casación", 1968, pág. 374).
Por otra parte, tampoco se aprecia que la supresión de la audiencia prevista en el art. 344.3 del CGP haya afectado las garantías del debido proceso, ya que durante el decurso del mismo las partes tuvieron la oportunidad de exponer reiteradamente sus argumentos e incorporar a la causa los elementos de juicio que reputaron convenientes a sus intereses procesales (cf. sentencias Nos. 46/92, 54/93, y 35/94), por lo que no se cumpliría, en todo caso, el requisito edictado por el art. 270.3 CGP para la casación pretendida.
La alegada violación del art. 18 de la Carta no se configura, según lo expuesto, y en tanto la decisión anticipada integra el procedimiento legal de la segunda instancia (arts. 256 y 344.2 CGP).

2. Tampoco resulta fundado el agravio relativo a la violación del principio de congruencia (art. 198 CGP).
Como expresara la Corte en sentencia N 993/96 -citando al Prof. Véscovi ("La casación civil", pág. 85)- "la congruencia de la sentencia debe ser entendida en el sentido de la debida correspondencia entre el fallo y las pretensiones deducidas en juicio por las partes, (que) constituye una emanación del principio dispositivo en el proceso y está consagrado, según nuestra doctrina y jurisprudencia, en el art. 462 del CPC, cuando establece que las sentencias "... recaerán sobre las cosas litigadas por las partes, con arreglo a las acciones deducidas", razón por la que, "... no será congruente la sentencia, en cuanto decide más de lo pedido por la parte (ultrapetita) o fuera de lo que ésta ha solicitado (extrapetita) ...".
En la especie no resulta incongruencia en relación a la alegada omisión de consideración de la ampliación de demanda. Puede estimarse conveniente que el ad quem hubiera mencionado expresamente el punto, pero de todos modos es claro que -como surge de la propia sentencia, según destaca la demandada (fs. 474 v/475)- lo hizo tácitamente (excluyendo el rubro), al negar el exceso quirúrgico fundante de la demanda (con lo cual también cumplió el principio de la doble instancia invocado por la recurrente).
Por otra parte, de entenderse que medió "minus petita", la desestimatoria debería mantenerse, pues -debiendo estarse a la base fáctica relevada en primera instancia, en vista del silencio del "ad quem" (conf. sentencias Nos. 348/95, 672/96, 681/96, 764/96, etc)- cabría negar la existencia de relación causal entre la histerectomía y la posterior pérdida de sensibilidad en las manos, que motivó la nueva intervención quirúrgica. En efecto, el perito Dr. Mario Medici -cuya opinión invocara la a quo (fs. 423), expresa en forma categórica que considera "... que no se puede establecer en la paciente problema una relación entre la cirugía realizada en 1992 para su patología pelviana y la neuropatía por atrapamiento que inició sus manifestaciones un año y medio después, y por la que fue operada con muy buen resultado por el cirujano plástico. Esto aún existiendo en el período intermedio otra cirugía" (v informe a fs. 304).
Y no asiste razón a la parte en cuanto al segundo fundamento del agravio. En efecto. El Tribunal decidió en forma expresa y precisa sobre las cosas litigadas con arreglo a las pretensiones deducidas, por lo que no infringió el art. 198 del CGP. En la demanda, la actora sostuvo que no debió habérsele practicado una histerectomía total, que su problema podía ser resuelto de otro modo; a su vez, la demandada -aunque invocó el pedido de la paciente afirmó también expresamente la necesidad de la extirpación (fs. 209 v). Concordantemente, al fijarse el objeto del proceso se estableció como tal "Responsabilidad médica por exceso de cirugía al practicarse histerectomía total y anexectomía bilateral ..." (fs. 220). En suma, el thema decidendum se centró en determinar "... si la decisión de intervenir estuvo o no bien dispuesta", como expresa la Sala a fs. 451 v y el Tribunal resolvió al respecto afirmativamente, basándose principalmente en la prueba pericial -excluyente del exceso quirúrgico alegado por la actora-. A su vez, de acuerdo al objeto del proceso (fs. 220) el debate también versaba sobre el consentimiento informado de la actora antes que sobre la petición de la paciente; por tanto, aunque es cierto que el órgano de mérito -al igual que la a quo- no examinó el tema de la solicitud de la paciente, no violó ciertamente el art. 198 del CGP, fallando dentro de los límites de continencia de la causa al tener por acreditado el consentimiento informado en cuestión.

3. A criterio de la Corte, tampoco media infracción a los arts. 4 y 139 del CGP.
La parte que se le practicó sin ninguna necesidad la histerectomía en tanto como se indicara ut supra -y contrariamente a lo alegado por la impugnante- la contraparte controvirtió dicho extremo: al no haber aportado tal probanza no puede agraviarse de la desestimación de la demanda.
Posición ésta compartida por especializada doctrina (Szafir - Venturini, "Responsabilidad civil de los médicos y de los centros asistenciales", 2 edición, 1992, pág. 69 y ss), quienes, al analizar la carga de la prueba, expresan: "Siendo la obligación de medios, el actor deberá demostrar que el demandado (deudor de la prestación) no obró con la diligencia del buen padre de familia para prevenir el daño, esto es, que hubo culpa de su parte (ello es así por cuanto, cuando la obligación es de medios, incumplir significa actuar con culpa o dolo). En esta categoría de obligaciones el deudor de la prestación sólo se compromete a realizar un comportamiento diligente, perito y prudente, aunque no se obtenga el resultado final tenido en consideración".
Afirmando luego como regla aplicable en sede contractual que "el actor debe probar el incumplimiento, el demandado sólo se exonera por causa extraña (...); cuando la obligación es de medios, el incumplimiento del demandado equivale a su culpa, por lo que el gestionante probará este extremo, y obviamente ante el supuesto de culpa probada no puede lógicamente admitirse como eximente la ausencia de culpa, sino que la única forma en que se exonerará el deudor de la prestación es a través de la causa extraña".
Son, pues, observables, a juicio de la Corporación, la insistencia de la impugnante en la relevancia del hecho de no haber probado la demandada la eximente de responsabilidad por ella opuesta oportunamente (solicitud de la paciente), y la opinión (resultante de tal argumentación) de que la demostración de la necesidad médica de efectuar la intervención no tendría importancia para la resolución de la causa.
En efecto. Cabe tener presente que -como se expresara ut supra- la parte demandada no admitió el exceso quirúrgico alegado en la demanda y que el órgano de mérito tiene por acreditado el consentimiento informado de la paciente. Y además el planteo al riesgo (y aún el costo) de toda operación, en definitiva es el médico el que decide acerca de la realización de la misma, sin perjuicio de considerar el consentimiento informado del paciente.
Corresponde precisar también sobre este agravio que es inexacta la alegación de que el Tribunal pretende prueba de hechos negativos; en ninguna parte de la sentencia de segunda instancia se dice, en efecto, que la actora debía probar que no solicitó la extirpación del útero.

4. La recurrente alega -como base de la impugnación examinada- la valoración no correcta de la prueba producida, aduciendo infracción a los arts. 184, 130.2, 140, y 141 CGP.
Parece claro que este agravio pretende una revalorización del material fáctico seleccionado por el órgano de mérito, reiteradamente excluida por la Corte del recurso de casación, en tanto no medie una valoración absurda o arbitraria del informativo de la causa (cf. sentencias Nos. 12/90, 42/92, 93/93, 35, 788, y 939/94, 796, 820, y 890/95, 378/97, 68 y 111/98, entre otras).
Por otra parte, en una materia como la debatida en el sub causa corresponde estar -en principio- a la prueba pericial, según afirma el Tribunal (si bien es cierto que el Oficio puede apartarse de las conclusiones del perito debe dar para ello motivo fundado).
Y del informe pericial del Prof. Bozzolo -no impugnado oportunamente (analizado en su conjunto y no por partes aisladas como hace la recurrente)- resulta -cuanto al quid del litigio- que el mioma no es motivo de dolores y molestias pélvicas (siendo que de acuerdo a la historia clínica la paciente padecía de dolor pelviano crónico) y que el único tratamiento eficaz de la dolencia es la histerectomía total con anexectomía bilateral (v especialmente fs. 277, 279). Debiendo tenerse presente que el Tribunal da por probado el conocimiento informado de la actora en cuanto a la histerectomía en la medida que el mismo resulta incluso de lo expuesto en la demanda (fs. 452 v) y que la anexectomía fue resuelta según la Sala en el propio acto quirúrgico, respondiendo a las constataciones efectuadas "in situ" por el Dr. Piera (coincidiendo oportunamente con tal decisión el Prof. Bozzolo).
Cabe anotar finalmente que la alegada infracción del art. 130.2 CGP es claramente contraria a las resultancias de la causa, puesto que -como se destacara anteriormente- la demandada afirmó expresamente al contestar la necesidad de la histerectomía efectuada.

5. Las múltiples infracciones de normas sustanciales alegadas por la impugnante se apoyan en la supuesta falta de necesidad de la intervención realizada; de donde queda su existencia desvirtuada por las consideraciones precedentes. Al no configurarse -según las resultancias de la causa- los elementos de antijuricidad configurantes de la responsabilidad contractual invocada, no corresponde recepcionar los agravios referentes a las vulneraciones normativas invocadas.

Por estos fundamentos, y lo dispuesto por los arts. 268 y ss, 279, 197 y concordantes del CGP, y demás normas legales citadas, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad,

FALLA:

DESESTIMASE EL RECURSO INTERPUESTO, CON COSTAS Y COSTOS.
Y DEVUELVASE.

Dr. Juan M. Mariño Chiarlone - PRESIDENTE DE LA SCJ
Dr. Jorge A. Marabotto Lugaro - MINISTRO DE LA SCJ
Dr. Raúl Alonso de Marco - MINISTRO DE LA SCJ
Dr. Milton H. Cairoli Martínez - MINISTRO DE LA SCJ
Dr. Gervasio E. Guillot - MINISTRO DE LA SCJ
Dr. Ricardo C. Pérez Manrique - SECRETARIO LETRADO DE LA SCJ

Record Lógico: DDU - CASO - SCJ - 10083