TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE 6to. TURNO

SENTENCIA Nš 10

MINISTRA REDACTORA: Dra. Sara Rossio Reig.

Montevideo, 17 de febrero de 1999.

VISTOS:

Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: "SOMMARUGA GARCIA, Jorge Enrique c/IMPASA. Cobro de pesos. Daños y perjuicios", Ficha Nš 203/97, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia Nš 14 del 24 de abril de 1997, dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Vigésimo Primer Turno de Montevideo, y:

RESULTANDO:

I) que, por la impugnada, se falló, haciendo lugar, parcialmente, a la demanda instaurada y, en su mérito, se condenó a la demandada a abonar a la parte actora la cantidad de $ 70.000.- por concepto de daño moral debidamente actualizada conforme a la Ley 14500, más los intereses legales desde la fecha de la demanda. Sin especial condenación en el grado.

II) que se presentaron los recursos de aclaración y ampliación a fs. 1357, dictándose la interlocutoria Nš. 729 de mayo 6 de 1997 (fs. 1359), por la que se aclaró que la suma fijada se reajusta desde la fecha de la demanda de autos.

III) a fs. 1375, compareció el actor interponiendo el recurso de apelación, agraviándose, en síntesis, por lo siguiente:
1) se ha probado "mala praxix" de los Dres. CC, AA, BB, RR, y, fundamentalmente, del Dr. RU.
2) La deficiente atención del servicio asistencial por parte de IMPASA.
3) en cuanto a las condenas, se agravia en cuanto a los montos de la indemnización por:
a) daño moral -que estima insuficiente, debido a las secuelas padecidas por el actuar de los médicos en la emergencia, tal como severo síndrome ansioso-depresivo y monoparexia branquial izquierda, sin perjuicio de riesgos posteriores;
b) daño emergente -por gastos de traslado, se deben abonar los $ 800.- y por consulta a especialistas: $ 600.- y $ 1.680.- Comisiones de venta e impuesto a las transmisiones patrimoniales de diversas propiedades a consecuencia de la condición económica derivada de la actitud de los demandados, gastos de medicamentos y análisis, hasta el año 2005 por $ 37.328.- Por último, por pérdida de alquileres de fincas que se vio obligado a vender;
c) lucro cesante - Se reclama la suma de $ 158.844.- por la diferencia entre lo que se debió de haber percibido ya que sus ingresos eran de $ 10.000.- mensuales, y lo que recibió por subsidio. Por concepto de incapacidad, que estima en un 60%, solicita $ 1.056.000.-
4) en cuanto a la fecha en que se dispuso que comenzara la actualización conforme al DL 14500 - ya que en la sentencia aclaratoria el Juez a-quo, no hace más que abatir, en forma indirecta, el monto de lo adeudado.
5) se agravia porque no se impuso el pago de los gastos causídicos a la demandada, debido a su "malicia temeraria", al exponer "hechos falsos", etc.
Solicita que se revoque la sentencia y se condene a la parte demandada a abonar: $ 185.781,63.- por daño emergente, $ 1.193.328,37 por lucro cesante y $ 620.890.- por daño moral, lo que totaliza $ 2.000.000.- más la actualización por DL 14500, que se efectuará en forma distinta según los médicos tratantes Dres. AA, CC y RU, más el 6% de interés a partir de la demanda y las costas y los costos del juicio.

IV) a fs. 1414, comparecieron los representantes de la demandada, interponiendo el recurso de apelación, formulando, en síntesis, los siguientes agravios:
1) no hubo "error de diagnóstico", porque, en el caso, se estuvo frente a síntomas de un determinado cuadro patológico, cuando, en realidad, el enfermo padecía de una dolencia diversa de la aparente. Ello quedó evidenciado con los informes de los peritos Dr. Cohen (fs. 1303), del Dr. Rodríguez (fs. 1260) y aún del Dr. Alvárez Rocha (fs. 864).
Surge de autos que, el paciente fue internado, medicado, no fue dado de alta, se tomaron precauciones, lo que permitió su atención cuando se produjo el infarto, por lo que no hubo imprudencia, negligencia o impericia.
2) el daño y el nexo causal - no existe prueba alguna de la existencia de relación causal entre la supuesta omisión o error del médico con el desmejoramiento y complicaciones en la salud del paciente, sobre todo, si se tiene en cuenta que, el propio sentenciante dice, que el infarto se hubiera producido de todas maneras.
Tampoco se puede estimar que el daño moral padecido proviene del cuadro ansioso-depresivo que padeció el actor posteriormente a su afección cardiológica, porque, dichas afecciones, son frecuentes en pacientes que sufren enfermedades graves (pericia del Instituto Médico Forense, fs. 1143).
3) monto de la condena - ya que no guarda relación con los parámetros en que se mueve nuestra jurisprudencia.
Solicita que el Tribunal revoque la sentencia, desestimando en forma total la demanda.

V) compareció el actor evacuando el traslado de la apelación de la parte demandada y, a fs. 1484 hicieron lo propio los representantes de la demandada respecto a la apelación de la parte actora.

VI) elevados los autos a conocimiento de este Tribunal, se solicitó, por parte del actor, la agregación del documento que luce a fs. 1501/1503, a lo que se opuso la contraria.
De fs. 1516 en adelante se presentaron diversos documentos por parte del actor, tildados como "hechos nuevos", a cuya agregación se opuso la parte demandada.
Por resolución Nš 653 del 21 de octubre de 1998, se dispuso por la mayoría de la Sala, agregar la documentación sin perjuicio de la precisión contenida en el Considerando IV) (ver fs. 1588).
Oportunamente, previo pasaje a estudio, se acordó dictar decisión en forma anticipada, conforme a lo dispuesto por el art. 200.1 inc.1 del CGP.

CONSIDERANDO:

I) que se revocará la decisión impugnada, y en su mérito, se desestimará la demanda de autos, sin especial sanción procesal.

II) a fin de analizar en forma ordenada el caso planteado en el sub-lite, estima la Sala que, es necesario estudiar los hechos probados, para determinar si existió o no un "error de diagnóstico" inexcusable, por parte de los médicos dependientes de la mutualista demandada, para determinar si corresponde responsabilizarla por dicha actuación respecto a las emergencias de autos.
En el caso, se pretende la indemnización por el "error de diagnóstico" inexcusable cometido por el Dr. RU, primer médico que trató al actor al ingresar a IMPASA, error que consistió en diagnosticar la existencia de un cuadro digestivo y de hernia hiatal, lo que no correspondía con los síntomas y antecedentes del paciente, aún cuando había sido dado de alta, en forma cercana, de una hepatitis prolongada de naturaleza viral aguda.
Este diagnóstico, la había sido efectuado, con anterioridad, por un médico de policlínica sita en Solymar, quien tampoco diagnosticó cuadro cardíaco, sino digestivo, llevado, sin duda, por los hechos que le habían sucedido al paciente con respecto a su trastorno digestivo severo.
Como ha expresado esta Sala, con otra integración, "no todo error de diagnóstico determina la culpa del facultativo porque dicho error no es imputable si se han tomado todas las medidas para evitarlo, y no se ha puesto de manifiesto la ignorancia en la materia, o existe una razón admisible para el error (por ej. si estamos ante un caso dudoso, raro, con evolución atípica y cambiante" (Achaval - Responsabilidad de los médicos, pág. 70 y Szafir - Venturini - La responsabilidad de los médicos y centros asistenciales, pág. 93) (ADCU T. XXV, c. 787, pág. 265, T. XXI, C. 930, pág. 339, etc.).
Y, como bien dicen Szafir - Venturini, "un índice que evidencia la existencia de un error no culpable (excusable) es la coincidencia en un mismo diagnóstico (erróneo) de varios médicos. No habrá culpa, ni por ende, incumplimiento contractual, cuando la actuación errónea del médico pueda justificarse. Podrá justificarse en la medida en que esa actividad sea la misma que hubiera realizado otro colega en la misma circunstancia" (idem: pág. 96).
En el caso, el actor fue recibido en "emergencia" de IMPASA, atendido, diagnosticado en forma primaria, medicado, y no fue dado de alta, sino que permaneció en observación, cuidado por el personal de enfermería, lo que permitió su inmediata atención cuando se produjo el infarto. Por tanto, y si bien el diagnóstico inicial del Dr. RU fue errado (al igual que el del médico tratante en la policlínica), no se observa que se haya configurado una imprudencia, impericia o negligencia en el personal médico y asistencia, que determine la existencia de culpa.
Por otra parte, de la pericia del Dr. Rodríguez surge que el error es excusable, al decir que "seguramente el antecedente de hepatitis incidió decisivamente en la conducta adoptada" (fs. 126), así como cuando afirma que la "hernia hiatal genera dolores parecidos a los del infarto, aún cuando primero debe descartarse este último" (fs. 1300, situación que no es exigible en la especie porque la problemática gástrica del paciente, conlleva una razón admisible para el error.
O sea que, el hecho del antecedente inmediato de hepatitis, confundió en la emergencia de autos a los médicos tratantes, quienes, ante el síntoma derivado de vómitos, mareo, sudores y "fuego interno", lo atribuyeron al cuadro gástrico anterior y no se preguntaron ante la posibilidad de la incidencia de un cuadro cardíaco.
En conclusión: como sostienen la doctrina y jurisprudencia nacionales, la obligación de los médicos es de "medios", no asegura resultados, lo que implica que debe atender al paciente con prudencia y diligencia, proporcionándole todos los cuidados que sean conducentes al logro de su curación aunque, en definitiva, esta no pueda ser asegurada" (Cf. Gamarra - Tratado de Derecho Civil, T. XX, pág. 76/77).
"La culpa médica comienza donde las discusiones científicas terminan, apotegma que responde al hecho de que la ciencia médica no es una ciencia exacta sino de índole conjetural. Y, la intervención del Juez, no puede ingresar al análisis de cuestiones científicas, sino a determinar si hubo negligencia, ligereza o ignorancia de cosas que el médico debe, necesariamente, saber, por estar excluido del terreno de las dudas y de las discusiones científicas" (Chersi - Responsabilidad por prestación médica asistencial, pág. 16/18. ADCU T. XXII, C. 912,913).
No habiéndose comprobado una actitud negligente u omisiva, o aún imprudente por parte de los médicos de la institución asistencial, y sí un error de diagnóstico, excusable, atento a las circunstancias del caso, es que se entiende que debe revocarse la sentencia y, por tanto, desestimar la demanda.

III) de lo que viene de decirse, se concluye que no asiste mérito para los agravios articulados por el actor.
A lo que se agrega, que luego de desistir de su accionamiento contra los Dres. ZZ y RC, en la audiencia preliminar de fs. 938, no es admisible que pretenda introducir dicho cuestionamiento por vía de recurso.
Cabe precisar que el agravio respecto a la actitud del Dr. CC no es de recibo, por cuanto el propio perito, Dr. Rodríguez, expresa que la complicación arrítmica del paciente fue bien manejada, y la actividad del Dr. RU fue precisamente, lo que diera pie a la condena parcial efectuada en primera instancia.
Por último, el cuestionamiento referido a la forma en que se prestó asistencia por parte del personal de IMPASA, no es de recibo, por lo expuesto supra en el Considerando II) de este pronunciamiento.
La condena en gastos causídicos, es inadmisible, atento a la desestimatoria dispuesta, así como también lo son, todos los agravios relativos a los daños producidos y los montos de las condenas.
Finalmente, aún cuando de la prueba aportada en 2a. instancia pudiera surgir acreditada una relación laboral entre el perito Dr. Cohen y la mutualista IMPASA, ello carece de relevancia para enervar las conclusiones a que se arriba en este pronunciamiento, en tanto la actuación del Dr. AA no tuvo incidencia en el "error de diagnóstico" en que se fundamenta esta demanda, como lo dice el propio actor a fs. 1377 en su escrito de apelación. No existe prueba alguna que dicho galeno hubiera faltado a su deber de impedir o tratar de evitar hechos que aumentaran el riesgo de la salud del actor.

IV) costas y costos de la instancia en el orden causado.

Por tales fundamentos, el Tribunal,

FALLA:

Revocando la sentencia apelada, y, en su mérito, desestímase la demanda instaurada en autos.
Sin especial sanción procesal en la instancia.
Oportunamente, devuélvase.

Dr. Héctor Olagüe Garcia - MINISTRO
Dra. Sara Bossio Reig - MINISTRO
Dr. Felipe Hounie - MINISTRO
Dra. María H. Podestá - SECRETARIA LETRADA

Record Lógico: DDU - CASO - TAC6 - 10008